- Jalisco, uno de los cuatro estados con más ejidos y comunidades, vive una crisis para 330 mil campesinos por el cierre de un tribunal, el adelgazamiento del Registro Agrario Nacional y la inoperancia de la Procuraduría Agraria.
- En Michoacán también hay denuncias de rezago
Agustín del Castillo
La abrupta desaparición del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 16, con sede en Guadalajara, notificada en mayo de 2026, fue la última de una serie de medidas de “austeridad republicana” que han afectado al sector y provocan un creciente rezago para los detentadores de derechos, pues se trata de una simplificación que contrasta con el crecimiento del número de ejidos de campesinos adscritos a esa forma de tenencia de la tierra
La presidenta del Colegio de Abogados de Jalisco por la Dignidad de la Justicia Agraria, AC, Sonia Cristina Medrano Fernández, advirtió al conocer la noticia: “El día 12 de de mayo, el pleno del Tribunal Superior Agrario se reúne para emitir un acuerdo que es el 11/2026 en donde determinan prácticamente la extinción del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16 y la redistribución de sus expedientes para los otros dos tribunales que también están en Jalisco, que es el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 13 y el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15. Aquí lo que nos tiene preocupados al gremio es no solamente la extinción de ese tribunal. Realmente lo que nos tiene preocupados es esta redistribución a dos tribunales que ya de por sí están colmados de trabajo, que aparte ese acuerdo nunca se abarcó las condiciones de cómo iban a reforzar esos dos tribunales de si le iban a dotar o no mayor personal, de si les iban a dotar las facultades para poder reorganizarse y para poder buscar instalaciones adecuadas”.
Porque, agregó, “también es importante aquí analizar que no nada más se trata de de redistribuir asuntos en trámite, sino que también se trata de mandar expedientes que ya se encuentran archivados desde el año 1992 a la fecha. Entonces, ese envío es voluminoso y realmente los dos tribunales que están en la ciudad de Guadalajara no tienen los espacios adecuados para poder albergar todo ese archivo. Ese archivo muerto que ya viene y aparte no tienen, laboralmente hablando, los trabajadores necesarios para sacar ese cúmulo de trabajo. ¿Qué es lo que provoca en este caso? Pues prácticamente que la justicia no sea pronta ni expedita”.
De por sí, “vemos que esos tres tribunales con el trabajo que tienen, vemos que hay una un retardo en la impartición de justicia, ahora mucho más lo vamos a ver, porque entre lo que se cambian, en lo que redistribuyen y cambian esos expedientes, pues obviamente pueden llegar a pasar semanas o meses en lo que se radican, en lo que se archivan y en lo que se logra un acomodo. Entonces, definitivamente eso no ayuda para nada a la impartición de justicia”, añade la litigante.
Y en realidad se trata solo de uno, el último, de siete casos, pues desde el 1 de enero de 2025, se dio el cierre progresivo de otras seis instancias de justicia agraria regional, de acuerdo a los datos del censo de justicia agraria que dio a conocer el INEGI en abril de este año:
El 31 de enero de 2025 concluyeron funciones los siguientes tribunales:
1. El TUA del Distrito 14 con sede en Huejutla de Reyes, Hidalgo, cuyos asuntos pasaron los TUA 32 con sede en Tuxpan, Veracruz; TUA 43 de Ciudad Valles, San Luis Potosí y TUA 55 de Pachuca, Hidalgo. 2. El TUA Distrito 27-A con sede en Culiacán, Sinaloa, cuyos casos fueron transferidos al TUA del Distrito 27 con sede en Guasave, del mismo estado. 3. El TUA Distrito 30-A con sede en Altamira, Tamaulipas, cuyos expedientes son ya de conocimiento de los TUA Distrito 30 con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas y TUA Distrito 43 de Ciudad Valles, San Luis Potosí.
4. El TUA Distrito 34-A con sede en San Francisco de Campeche, Campeche, cuyos casos se pasaron a los TUA Distrito 34, con sede en Mérida, Yucatán; TUA Distrito 29 de Villahermosa, Tabasco, y TUA Distrito 44 de Chetumal, Quintana Roo. 5. El TUA Distrito 51 con sede en Iguala, Guerrero, cuyos expedientes son conocidos ahora por los TUA Distrito 12, con sede en Chilpancingo, Guerrero; TUA Distrito 18 de Cuernavaca, Morelos; TUA Distrito 49 de Cuautla, Morelos y TUA Distrito 52 de Zihuatanejo, Guerrero. Finalmente, 6. El TUA Distrito 54 con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, se cierra y sus asuntos pasan a los siguientes distritos: TUA Distrito 21 con sede en Oaxaca, Oaxaca; TUA Distrito 22 de Tuxtepec, Oaxaca, y TUA Distrito 46 de Huajuapan de León, Oaxaca.
El caso del TUA del Distrito 16 es, así, el más reciente. De manera que los tribunales regionales han pasado, en año y medio de 58 a 51. El asunto alarma a los litigantes, a los dirigentes campesinos y a los propios ejidatarios y comuneros, en las regiones afectadas con el cierre.
Por ello, el Observatorio sobre seguridad y justicia de la División de Estudios Jurídicos y Academia de Derecho Agrario del Departamento de Derecho Social y Disciplinas Auxiliares del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, también protestó por la medida tomada por el Supremo Tribunal Agrario.
“La decisión implica la redistribución de 587 expedientes que involucran a 29 municipios, 253 ejidos y 12 comunidades agrarias, cuya defensa territorial representa una de las luchas más nobles y dolorosas del campo mexicano. Detrás de cada expediente hay familias, generaciones de trabajo y un vínculo profundo con la tierra, que no puede reducirse a una simple operación administrativa”, señaló la institución.
Y esto se da en un contexto crecientemente complejo, pues el sector ejidal y comunal ha visto reducidas en poco menos de 4 millones de hectáreas unas 103 millones que abarcaba en 1992 en todo el país, por la adopción del “dominio pleno” (conversión de ejido o comunidad a pequeña propiedad), pero, de forma paradójica, han aumentado el número de campesinos.
LOS SALDOS DE 34 AÑOS DE LA REFORMA SALINISTA
Esto refiere una de las mayores especialistas sobre la evolución de la tenencia social en México, Gabriela Torres Mazuera, doctora en ciencias sociales en la Universidad de Paris 1, Pantheón-Sorbonne; maestra en Antropología Social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social sede Ciudad de México, e historiadora por la UNAM, y actual investigadora de CIESAS, península de Yucatán:
“A pesar de los pronósticos de su disolución tras la reforma legal de 1992, el número de ejidos en México ha aumentado. Sin embargo, esta persistencia oculta una profunda reestructuración de las relaciones de propiedad. La evidencia revela la apropiación de tierras a gran escala por parte de empresarios, políticos y exfuncionarios que se convirtieron en ejidatarios o representantes legales. Superando los enfoques formalistas […] (se puede revelar que) la estrategia más rentable para las tierras ejidales es de carácter especulativo, centrada en el control territorial y diseñada para crear un mercado de tierras restringido y dominado por intereses privados”.
La académica envió al reportero un artículo en inglés de su autoría, publicado apenas en 2025, cuyo título en castellano es El legado neoliberal del ejido mexicano: ficciones jurídicas y mercantilización de la tierra.
Allí añade: “En 2024, había aproximadamente 2000 ejidos y comunidades más que en 1992. Asimismo, el número de titulares de derechos agrarios aumentó de 3 millones 523 636 en 1991 a aproximadamente 5 millones 445.511 en 2024, de los cuales el 84% son ejidatarios o comuneros. Este incremento, aunque percibido positivamente por algunos, oculta una transformación significativa y profunda. La noción predominante de que la apropiación de tierras ejidales es una preocupación menor debido a la pequeña proporción de tierras ejidales convertidas a propiedad privada (menos del 4%) ilustra la ficción jurídica de la “propiedad social”. Tras un análisis más detallado, se hace evidente que los cambios sustanciales en las relaciones de propiedad dentro de los ejidos han dado lugar a la concentración y comercialización de tierras comunales que, en algunas regiones, habían sido parceladas a pesar de la limitada extensión de la conversión de tierras a plena propiedad. Además, los análisis estadísticos y cartográficos, así como la investigación de archivos, revelaron un patrón de parcelación y apropiación selectiva de tierras ejidales de mayor valor económico, así como la concentración de parcelas recientemente certificadas en manos de unos pocos individuos”.
La investigación del artículo fue realizada primordialmente en cuatro estados del norte de México “revela nuevas iniciativas de inversión que provocan cambios en la propiedad de la tierra. También muestra que los empresarios que buscan invertir en minería, producción de energías renovables, proyectos inmobiliarios y agronegocios han impulsado una creciente tendencia hacia la división formal de tierras comunales. Estas personas obtuvieron el control de grandes extensiones de tierra, como ejidatarios, aprovechando beneficios como la exención del pago de impuestos prediales y la posibilidad de adquirir tierras mediante pagos en efectivo”
De manera que, agrega, “desde sus inicios, el ejido como régimen de propiedad ha abarcado varias ficciones: la circulación en un mercado restringido de tierras cultivables e inalienables, la presencia de no campesinos con derechos agrarios y acceso a las tierras más productivas, y menos trabajadores trabajando en ejidos y comunidades. Estas ficciones se han intensificado después una reforma legal encaminada a eliminarlos. En este trabajo hemos identificado los siguiente: la presencia de destacados empresarios, políticos y ex agrarios funcionarios como ejidatarios de múltiples ejidos, quienes mediante esta designación adquieren el control de extensas áreas de tierras ejidales y, en algunos casos, de recursos hídricos; la apropiación de una acción agraria, la de “conversión de tenencia” (cambio de destino), concebida como empoderamiento de la asamblea, con el fin de contravenir el interés colectivo y sorprender despojar diligentemente a los ejidatarios y sus familias de las tierras comunales; la utilización de la designación de asentamiento humano para parcelar y convertir a uso común de la tierra las parcelas individuales”.
Finalmente, puntualiza, “se produjo un cambio generalizado en el perfil de los ejidatarios que sufrieron la descampesinización, y la mayoría ahora se dedica a los sectores secundario y terciario, en lugar de la agricultura. Hoy en día, el régimen de propiedad ejidal está mal regulado en términos de concentración de tierras, particularmente para los ejidatarios que poseen más de un ejido y una gran extensión de parcelas certificadas”.
Es en este contexto que se da el abandono progresivo de instituciones que deberían vigilar las simulaciones y cuidar los derechos campesinos.
LA JUSTICIA AGRARIA, EN RETROCESO
A Sonia Cristina Medrano, la presidenta del Colegio de Abogados de Jalisco por la Dignidad de la Justicia Agraria, lo que le sorprende es que el estado Mexicano no actúe en consecuencia con ese diagnóstico, “al final de cuentas, cuando se habla de ejidos se habla de conflicto. Hay ejidos que son funcionales, que tienen su organización interna y que funcionan perfectamente en la práctica sin tener problemas, pero hay muchos otros que incluso a la fecha siguen teniendo resistencia a celebrar esta clase de programas de regularización porque, efectivamente, a veces les traen más problemas que soluciones. Yo recuerdo haber escuchado a alguien con mucha experiencia decirme: es que los ejidos se van a acabar. Bueno, no se han acabado; siguen vivos y con una serie de problemas ya más complejos. Las situaciones cambiaron: hay ciudades completas que ya se tragaron a los ejidos conurbados, con manchas urbanas dentro de los propios ejidos. Ahora vemos más complejo el tema en cuanto a solares, ejidos o expropiaciones o por temas de regularización en predios ‘achurados’ que fueron legítimamente entregados al ejido pero que no se encuentran dentro de su carpeta básica. Ahí no hay una regularización, aunque tenemos conocimiento de programas de regularización por parte del municipio y del gobierno del Estado”, señala.
Todos estos procesos “tienden a reconocer la titularidad de la persona que posee el terreno y a darle certeza jurídica. Si te soy sincera, se ha logrado en muy pequeña porción lo que fue materia de la Ley Agraria del 92 y de la reforma del 27 constitucional. Definitivamente hay una mayor seguridad, pero no se ha llevado a cabalidad el programa ni estamos ante una privatización. Actualmente vemos varios factores. El primero es que a nivel nacional seguimos formando parte del Ejecutivo Federal; no nos hemos incorporado a un Poder Judicial ni a un fuero común, como muchas veces se dijo. La única diferencia es que si dentro del ejido se regularizaron zonas de asentamiento humano, ahí sí hay una desincorporación: el solar se desincorpora del régimen jurídico ejidal y se vuelve pequeña propiedad. A partir de que se da esa asignación a favor de quien acredite ser el poseedor legal con su documentación, toda controversia que se suscite se tendrá que llevar a cabo en el fuero común”.
Pero de ahí en más, “toda la tierra que sea parte de uso común o zona parcelada, cuando exista un conflicto (ya sea de uso común con pequeños propietarios o ejidos colindantes, o de zona parcelada con el propio ejido, colindantes u otro ejidatario), sigue siendo materia agraria y competencia de los tribunales agrarios. En el caso de Jalisco, el 41% del territorio sigue siendo ejidal o comunal, lo que demuestra la enorme importancia que debe tener el derecho social y agrario en nuestro país”.
– Para que la gente que nos vea entienda: a comparación de lo que teníamos de expedientes, documentos y litigios en el año 92 con la actualidad, no podríamos decir que se ha disminuido. Más bien han cambiado quizás la naturaleza de los conflictos conforme va mutando o transformándose el ejido mismo. Quizás antes el ejido tenía grandes temas con sus linderos, ejecuciones pendientes o decretos no ejecutados, pero ahora la vida interna es la que se hizo más complicada, ¿no?
– Sí, claro, definitivamente. Ahí te das cuenta hasta del modelo del tipo de juicio, porque anteriormente eran juicios más sencillos. Si vemos los expedientes de ahora, son más complejos, más procedimentales y con una problemática diferente que no se veía en el 92. Además, un dato curioso es que cuando se crearon los tribunales agrarios, su estructura estaba pensada para 600 expedientes. Actualmente, un tribunal te maneja entre 900, 1,200 o hasta 1,800 expedientes. La carga de trabajo no ha disminuido para nada; al contrario, ha aumentado con conflictos de cuestiones novedosas.
La litigante agrega que “en el pasado veíamos convenios, audiencias y sentencias más sencillas, con un lenguaje menos estructurado y más dirigido al campesino. Ahora, por el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las sentencias de los tribunales colegiados, los tribunales unitarios agrarios se han vuelto más especializados, estudian más a conciencia y analizan a cabalidad las acciones que se promueven, apoyándose en el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles y próximamente en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ha cambiado por completo el tipo de asuntos, por lo que es ilógico pensar en reducir esta estructura”.
– En sentido común, si el 51 % del país es de tenencia social, tendríamos que tener estructuras fuertes y sólidas para atender la justicia agraria. Sin embargo, la tendencia por parte del Gobierno Federal, que es el responsable de esto, pareciera ser la de adelgazar la estructura. No hay justificación para adelgazarla, ¿está de acuerdo?
– Sí, claro, no hay ninguna justificación. Si fueran capaces de analizar la importancia de los asuntos a nivel nacional, en lugar de tomar acciones que disminuyen o provocan problemas en los tribunales agrarios, deberían reforzarlos. Por ejemplo, aquí en Jalisco hace poco nos eliminaron un tribunal unitario agrario. El acuerdo señalaba que la eliminación era para ‘dar una mejor justicia’. ¿Cómo vas a a hacer más eficiente el trabajo quitando un tribunal y cargándole el trabajo a los dos restantes? El Gobierno Federal no está midiendo la problemática que causa con estas medidas, las cuales ocurren a nivel federal. Hablamos de eliminación de tribunales, de que estos no tienen su planilla de personal completa, de instalaciones inadecuadas y de una mala atención al público. En el derecho agrario, una gran cantidad de los usuarios son adultos mayores, y no se les puede dejar de atender correctamente. Actualmente, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15 tiene a la gente en la calle, sin instalaciones correctas, esperando horas para ser atendida, y con un trato inhumano, indigno y grosero por parte del personal. Eso para nada nos acerca a una justicia adecuada que proteja al más desprotegido.
RAN, EN LA INOPERANCIA
El Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria, que complementan las instituciones agrarias resultantes de las reformas de 1992, viven tiempos igual o peor de difíciles, lo que hace más lenta la labor de los tribunales.
Edith Araceli Bustos Jáuregui, también abogada adscrita a la misma asociación civil, establece el diagnóstico del RAN: “…es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y es encargado de dar certeza a la tenencia de la tierra. Asimismo, protege el soporte documental que existe de ejidos y comunidades. Estamos hablando prácticamente de algo similar a un registro público de la propiedad. Pero padece una reducción a su presupuesto, y eso vuelve inviable el gasto en renta de edificios para su alojamiento, lo que es un problema tremendo”.
Ello, porque, por un lado, “en la Ciudad de México se realiza el cambio de las oficinas centrales del Registro Agrario Nacional, [pero], de igual manera, las delegaciones han sufrido esta modificación porque conllevaban un alto presupuesto en rentas y, obviamente, había que bajarle de algún lado. Derivado de esta situación es que se cambian las oficinas centrales. Al mover las oficinas centrales, se deshabilita el sistema con el cual proveen servicios, como son los servicios de información y las inscripciones […] esto se ve mermado en todas las delegaciones de todo el país, no solo en Jalisco; es una problemática nacional”.
Debido a esto, “dejan de prestar el servicio o lo prestan a medias. Hay que recalcar algo: la oficina no está cerrada, está abierta. Sin embargo, no se pueden realizar las inscripciones al momento. Lo que hacen es recibir la documentación, pero no hay el ejercicio como tal de las calificaciones registrales ni de todos los movimientos que se tienen que llevar a cabo. Tampoco hay expedición de certificados porque no se cuenta con el sistema para expedirlos”.
A esto se suma otra problemática que se viene arrastrando desde el año pasado: “no existe expedición de certificados por la falta de papel y de formatos preimpresos, lo cual es igualmente un problema de presupuesto”. ¿Qué significa todo este problema para un campesino? “Básicamente, que no tienen su documentación. De la misma manera, nosotros como abogados, para poder promover algún tipo de juicio, necesitamos que el Registro Agrario nos expida copias certificadas o constancias de vigencia de derechos. O, por ejemplo, si alguien fallece, necesitamos la investigación de constancias de vigencia de derechos. Todo esto merma las solicitudes de los ejidatarios y, al fin y al cabo, no estamos teniendo certeza”.
Aparte de esto, “la delegación del Registro Agrario en Jalisco necesita realizar el cambio de su sede por cuestiones económicas. Supuestamente ya se tiene habilitado un cambio, pero hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo. Se supone que el Registro Nacional ya no debe pagar rentas, es decir, tiene que trasladarse a lugares prestados donde no le vayan a cobrar”. Los riesgos de compromisos con quien se disponga a prestar edificios son evidentes.
DESPROTECCIÓN CAMPESINA SIN LA PROCURADURÍA AGRARIA
En cuanto a la Procuraduría Agraria (PA), el abogado Francisco Vargas Bañuelos, con amplia experiencia institucional y en el litigio agrario, señala:
“La Procuraduría Agraria, la ley lo dice, debe tener como primer función ser el ombudsman del ejido. Y eso significa acompañar, seguir, proteger y asesorar al ejido en toda su vida interna. Tiene que ver con la vida de la seguridad y tenencia de la tierra, con su acompañamiento para que los ejidos tengan solidez en sus formas de organización, en sus formas de producción, en la protección de su propia propiedad y también para habilitarlos y acercarlos al desarrollo urbano. Y la verdad es que la Procuraduría hoy no tiene esa actividad como tal. Si tú revisas los instrumentos de la Procuraduría Agraria, se rigen por un programa operativo anual. Pero al parecer ese programa operativo anual tiene que ver más con cuestiones burocráticas internas, de una calificación interna de ellos, y no con una calificación de estos aspectos que te estoy mencionando en este momento. O sea, no se guían por resultados de fondo”.
– Para que le quede claro a los lectores, son números más que resolución de problemas internos o externos de los ejidos y comunidades…
– Hoy por hoy estamos hablando de democracia, estamos hablando de que las comunidades indígenas y los pueblos deben ser escuchados para la atención de todos los servicios públicos. La Procuraduría Agraria no escucha. Ellos traen un programa interno que se los asignan desde las oficinas centrales. ¿A qué me refiero con esto? Ellos les ponen varios rubros que podemos checar perfectamente en sus sistemas normativos, pero por ejemplo te dicen: ¿Cuántas personas atendí este día? ¿Cuántas personas llevé a cabo por el trámite de atención jurídica y demás?. Pero, por ejemplo, si tú te fijas ahí, no te dicen a cuántos ejidos ayudaron a formar una organización campesina. No viene un programa de esa naturaleza, que son programas sustantivos de fondo y de forma que verdaderamente ayuden a transformar la vida interna de los ejidos. Que puedan decir: hice una asamblea para efecto de crear una unión de ejidos, hice una asamblea para acercar los programas de la secretaría de agricultura, para desarrollar esto, o hice una AC para la protección del uso común.
Sin embargo, el abogado destaca que la reforma de 1992 ha sido rebasada; “necesitamos otra gran reforma en la Ley Agraria para efectos de que se incorpore el derecho urbano y que incorpore también como un actor al propio municipio para efectos de que obliguen a una planeación donde efectivamente los centros de población están creciendo, ya que hoy lamentablemente la legislación agraria queda muy corta en ese ejercicio.
Y señala ejemplos: “La Ley Agraria dice que los certificados parcelarios donde están las tierras de producción (como en Zapopan) no se pueden lotificar; está prohibido por la ley y se tienen que reajustar por completo. Sin embargo, el fenómeno social ha crecido, la población y el desarrollo han aumentado, y los ejidatarios y la misma población, por efectos de las invasiones y demás, se vieron obligados a vender […] entonces, todos los que están en esas parcelas no tienen actualmente un documento que los ampare con la propiedad; sigue siendo el titular de esa parcela el dueño de todo eso. Se muere, y a veces los sucesores no reconocen a los que están ahí, generándose una gran problemática donde en una parcela de 2 hectáreas tienes en automático un conflicto de 100 casas. Y cuando esas personas que ya compraron sin un título de propiedad también fallecen y llegan los herederos, ellos no pueden, por ejemplo, hacer una lista de sucesión y registrar en ningún lugar porque no son titulares de esos derechos. ¿Qué requerimos entonces? Que esas áreas que ya crecieron y que ya se edificaron sobre las zonas parceladas se certifiquen”.
Sin embargo, la Procuraduría Agraria “parece ser que, en vez de ser un acompañante, estorba en los procesos. Hay mucha corrupción en eso, porque hay además muchos intereses en este ejercicio. Si ha crecido la problemática, es importante que se vea”. Y entre los datos relevantes están los crecientes conflictos con las tierras de uso común de ejidos y comunidades: “millón y medio de hectáreas en Jalisco están en el uso común con muchísimas problemáticas, el crecimiento de los últimos 20 años de las zonas urbanas tiene muchísimas problemáticas de todo índole, y no opera la instancia que debería cuidar estos derechos…”.
Si “tomamos en cuenta que en el estado hay 330 mil sujetos agrarios que son cabezas de familia, y que una familia promedio es de cuatro integrantes, estamos hablando de más de 1 millón 200 mil personas afectadas” con esta inacción.
TAMBIÉN EN MICHOACÁN HAY PROTESTAS
El cierre del TUA 16 en Jalisco motivó protestas en junio pasado en Guadalajara, sin que se diera marcha atrás. Pero dos meses después, a finales de agosto, ejidatarios y comuneros michoacanos se movilizaron también para protestar por la “austeridad republicana”.
En Morelia, el 30 de agosto, representantes de seis ejidos se manifestaron afuera de las oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN) en Morelia para denunciar retrasos en resoluciones, pérdida y retención de documentos. Israel García, presidente del comisariado de Estación Queréndaro, consideró que hay alrededor de 2 mil expedientes sin resolver en la entidad. Aseguró que hay asuntos que fueron interpuestos en los años 2016, 2018 y 2021, mientras que uno de su propia comunidad data de 2007. También acusó a empleados del sector agrario por pedir sobornos de 3,500 pesos a cambio de documentos.
Igual que en Jalisco, se recibieron pliegos petitorios y se tuvo diálogo amable con los responsables, pero la realidad se resiste a cambiar.
