Nueva Ley de Aguas: CONAGUA concentrará poder y pondrá en riesgo la producción del campo
- Un riesgo a los derechos humanos de los productores, al penalizar las faltas administrativas en el manejo del agua, advierte observatorio
- Se vulnera la certidumbre jurídica de los inversionistas y eso tendrá repercusiones económicas, señalan empresarios
- Colectivos de DH acusan a la iniciativa presidencial de no desmontar los intereses empresariales
Agustín del Castillo
La transformación legal del sector agua que ha propuesto la presidencia de la república entraña no solo una regresión a modelos de concentración de poder, sino alto riesgo de que se agudice la corrupción y se violenten derechos humanos de los usuarios. Tampoco ofrece certidumbres para los inversionistas, ni establece compromisos institucionales claros para remontar rezagos serios como la falta de información actualizada y oportuna o la necesidad de presupuestos para organismos operadores y las comunidades campesinas que ya gestiona el recurso.
Este es en resumen, lo que deja en actores políticos relevantes del occidente del país, el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que crea una Ley General de Aguas con exclusiva competencia del gobierno federal, y modifica la Ley de Aguas Nacionales, donde concurren actores locales y ciudadanos. En general, se resta poder a instancias diferentes al gobierno federal, se establece un predominio de la Comisión Nacional del Agua incluso mayor al de la ley del régimen salinista, y se criminalizan los problemas administrativos, incluso a riesgo de que a un usuario se le aplique la Ley de Extinción de Dominio y se le congelen cuentas.
Un fuerte señalamiento es relativo a solamente poner en primer plano el derecho humano al agua, pero no señalar el derecho a la alimentación, lo que implica un uso de agua prioritario para la agricultura y la ganadería. Esto, pese a que México firmó los acuerdos de ONU en las dos conferencias sobre el tema, la última, en 2023.
Este temas tiene especial relevancia para la región, pues concentra la riqueza agropecuaria más alta del país: la demarcación de unos 180 mil kilómetros cuadrados ubicada entre estado de México y Querétaro al oriente, Jalisco y Aguascalientes al oeste, Michoacán y Colima al sur, aporta casi 30 por ciento de la producción agrícola y cerca de 40 por ciento de la producción ganadera de todo el país, de acuerdo a los datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal. Pero además, aquí se alberga un importante sector industrial (más de 15 por ciento del PIB nacional del sector), y ciudades populosas con robustas redes comerciales locales e internacionales, como Aguascalientes, León, Celaya, Morelia, Querétaro y Toluca, y tiene como usuarios de sus aguas a dos de las tres mayores urbes del país: Ciudad de México y Guadalajara.
El “Panorama agroalimentario” publicado por la Sader en 2023, señala una producción de alrededor de 86 millones de toneladas de alimentos de un total de 300 millones de todo el país. El valor de esa producción ronda 450 mil millones de pesos (equivalente al PIB sumado de Nicaragua y Honduras) y da ocupación a un millón 250 mil personas, en cifras redondas.
Estas propuestas legislativas son actualmente analizadas en la Cámara de Diputados, donde se ha abierto un espacio de debate con organismos civiles ante la andanada de críticas a las reformas. Pero hacia todos lados, nadie está contento: ni los productores del campo, ni los empresarios, ni las organizaciones ecologistas y de derechos humanos.
OBSERVATORIO DE AGUA: LA CRIMINALIZACIÓN Y LA CORRUPCIÓN
El presidente del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, ha revisado la amplia propuesta del Ejecutivo federal, y ve un riesgo enorme no solo por la centralización, que borra más de tres décadas de trabajo ciudadano, en vez de fortalecerlo; le alarma más que al no tener la Comisión Nacional del Agua un fortalecimiento institucional, quede en manos de la burocracia decidir los datos válidos para cualquier proyecto de los particulares, porque será entonces la corrupción la que termine “desatorando” las trabas, y solo los que tienen más dinero podrán ejercerla; y topdavía peor, si un funcionario decide que una explotación está irregular, lo que antes era un problema administrativo se convierte en un tema penal, con amenaza de privación de la libertad y de “extinción de dominio” en perjuicio del patrimonio del infortunado “infractor”.
Y las posibilidades de incurrir en falta no son escasas, porque por primera vez en la historia de la gestión del agua en México, el Estado se apropia incluso del agua de lluvia: cualquier agricultor o urbanita que la aproveche podría ser sujeto de acciones penales.
“Pretenden justificar esta propuesta de legislación regresiva y sumamente autoritaria, bajo el pretexto de que el Estado recupere la rectoría de la administración del agua, siendo que
nunca la ha perdido. La propuesta de Ley General de Aguas considera al agua como un ‘bien público’, en un enfoque en que el Estado es el administrador central que distribuye el recurso -mediante permisos y cobros- y busca satisfacer las demandas de distintos sectores -agrícola, industrial, público urbano- que se conoce como ‘gestión de oferta’. Y de ese modo, no considera al agua como ‘bien común’, que es una visión que enfatiza la ética, la ecología y la democracia, priorizando la vida y la sustentabilidad por sobre los intereses económicos, según la definición acordada en la 2ª Conferencia Mundial del Agua de la ONU en 2023”, subraya.
El artículo 1 de esa ley, “no considera el nexo agua-energía-alimentación para el desarrollo sostenible, que es indispensable para el derecho humano a la alimentación. Sin agua, no se pueden producir alimentos”. De hecho, “ni siquiera vincula el derecho humano al agua y saneamiento con el derecho humano a la alimentación y desarrollo sostenible, como sí lo hace con otros derechos”, agrega.
Esos acuerdos de la 2ª Conferencia Mundial del Agua 2023 son obligatorios para el país, pues la representación del gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador los firmó. Márquez Gutiérrez ve doblemente grave la omisión, porque fueron reiteradas como propuestas de la sociedad civil en los foros celebrados en el país a principios de 2025.
Otros aspectos que a su juicio son preocupantes: “La Conagua no se compromete a tener mediciones precisas de la disponibilidad de agua”; la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales “son más punitivas que facilitadoras de mejor gestión; son regresivas y muy autoritarias”, y por citar ejemplos, “resucita la posibilidad de los grandes trasvases de una cuenca a otra, sin que los ciudadanos puedan defenderse vía amparos”, pues se da en el contexto de la “tormenta perfecta” derivada de la también regresiva reforma a la Ley de Amparo, de junio pasado, que restringió el acceso al juicio de garantías para consolidar el interés estatal.
También, “al quitar la posibilidad de transmisión de títulos de concesión entre particulares, trasladan el beneficio económico de esos particulares -sabemos que un predio o terreno vale más si cuenta con un título de concesión, a los ‘coyotes’ e ‘inspectores’…”. En ese sentido, es algo inédito en más de un siglo: los ejidos creados incluso antes de la era cardenista recibían a perpetuidad dotación de agua de sus territorios. La estatización del agua se convierte en una amenaza de despojo.
Los volúmenes de agua que recuperen de las concesiones, “no irán a la contabilidad del acuífero, sino a un ‘fondo’ que subastarán”, y “las sanciones por incumplimiento, pasan de ser de carácter administravo a penal, sujetos a la aplicación de la ley de extinción de dominio”.
El análisis del observatorio también detalla que no se podrá captar el agua de lluvia sin la autorización de la Conagua, ni siquiera para el uso público urbano. “En la legislación vigente, la Conagua no tiene control del agua de lluvia”. También se tipifica como delito la transportación de agua sin la autorización de la Conagua.
“Al priorizar sólo el derecho humano al agua y saneamiento, sin vincularlo con el derecho humano a la alimentación, prioriza a otros usos como el industrial, el comercial y el de servicios (que se abastecen de la red del público urbano) por encima de los usos pecuario y agrícola que son prioritarios por ser la base de la producción de alimentos”, puntualiza.
“EL GOBIERNO QUIERE MÁS CONTROL”: MAYORGA
El ex secretario de agricultura en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, y presidente del capítulo Jalisco del Consejo Consultivo del Agua (CCA), Francisco Mayorga Castañeda, considera que la propuesta presidencial es más política e ideológica que realista y pragmática.
“En el fondo lo que se quiere es más control por parte de un órgano central que se llama Conagua, ¿verdad? Que no tiene ni la capacidad ni fue pensado para hacer eso. Yo creo que las cosas son sencillas: está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí tenemos que partir. La constitución tiene tres artículos que tienen que ver con el agua. Uno, el 27, que se refiere a todos los recursos naturales, la tierra, el agua, los bosques, la pesca, todo. Otro, el artículo 4, que es el que recoge el derecho humano al agua. Y otro, el 115 constitucional, que le da a los ayuntamientos, al municipio, la responsabilidad de abastecer el agua potable, recoger las aguas negras, tratarlas y regresarlas al ambiente”, explica a este medio. El CCA es visto tradicionalmente como una representación empresarial en el sector.
Entonces, “esos tres tienen que encauzar toda la demás legislación. La Ley de Aguas Nacionales, que es la que existe todavía hoy, es reglamentaria del 27. Pero el artículo 4 de la Constitución que habla del derecho humano al agua no tiene hoy todavía una ley reglamentaria, un hueco que se viene arrastrando desde hace 14 años y por lo cual la Suprema Corte le hizo un llamado de atención al Congreso para que legislara […] pero empezamos a revolver todo, la parte agropecuaria, la parte industrial, con la parte del derecho humano, con el papel de los municipios y lo que hoy está a discusión en el Congreso, pues ya es como una revoltura de esas tres cosas”, advierte.
Considera alarmante que se desestabilice el mecanismo de las concesiones, “que es la forma como el gobierno le permite a un particular usar un recurso propio de la nación que es el agua. Y eso es lo que permite a un particular invertir en la agricultura o en turismo o en vivienda o en industria, donde se necesita el agua. Porque si no hay garantía de agua no tiene caso que alguien invierta”.
Entonces, “si esa figura de la concesión se vulnera, bien sea porque se reduzca su vigencia o porque cada vez que se tiene que renovar hay el riesgo de que se la quiten o se la reduzcan o se la asignen a otro, pues entonces ya la certeza jurídica se acaba. Haga usted de cuenta que tiene una concesión que ya tiene 8 años, y le quedan 2 años de de uso. Y usted dice, ‘Oye, quiero vender ahorita mi tierra o quiero vender mi hotel, pero la concesión vence en 2 años y yo no sé como comprador si me la van a a respetar o no […] ¿cómo le invierto si dentro de 2 años me pueden decir: tu concesión se queda a la mitad o se quita completamente’. ¿Por qué? Pues quién sabe. Porque la tengo que dar a otro o porque lo voy a meter en una tómbola para ver a quién le toca. O sea, es romper completamente la certidumbre que permite la inversión”.
Y en cuanto al tema del derecho humano al agua, “en lugar de fortalecer a los municipios, a los organismos operadores, que son los que ahorita están haciendo el trabajo, al revés, otra vez va a venir una autoridad central a querer resolver todo, administrar todo, manejar todo. Pues es imposible, ¿dónde queda la autonomía de los municipios?”.
Y hace un recuento del pasado: la tendencia era generar más responsabilidades en los sectores económicos, los sectores sociales, la sociedad. “Los consejos de Cuenca tienen ese sentido, porque la Conagua se demostró que no podía resolver los problemas del país, necesitaba que la gente le entrara; los distritos de riego transferidos a los usuarios son otro buen ejemplo…”.
Y la Conagua debe absorber todo cuando no tiene presupuesto, no tiene personal, no tiene tecnología y “tampoco hay mecanismos que garanticen transparencia, rendición de cuentas, eficiencia en todos esos intentos de mayor control. Entonces, otra vez estamos complicándonos la vida con muy pocas posibilidades de éxito”.
Y está el tema de criminalizar lo que antes eran faltas administrativas. “Y aparte, lo que no se dice es que en la mayoría de las veces, cuando hay corrupción o una mala administración del recurso, pues hay alguna autoridad involucrada […] entonces, en lugar de atacar la causa o el problema que se está denunciando, que es la corrupción o el acaparamiento, se borra, se rompe todo el orden jurídico para construir algo que que no sabemos qué será, quién lo va a administrar y cuánto recibirá de recursos”.
Remata: “ciertamente, este planteamiento, como marco general, no ayuda absolutamente en nada a mejorar el sector […] vamos en sentido contrario; una cosa es el discurso y otra cosa es la la realidad”.
OSC: LA REFORMA MANTIENE LA MERCANTILIZACIÓN DEL AGUA
En el manifiesto que formaron organismos de la sociedad civil vinculados al tema agua, en Guadalajara, el pasado 7 de noviembre, se señalan las preocupaciones de un amplio abanico de instituciones civiles que trabajan los temas de derechos humanos, comunidades indígenas y campesinas tradicionales, y activismo ecologista, cuya visión difiere de los productores de alimentos y de los empresarios, pero es igualmente crítica.
El amplio texto fue dado a conocer por la integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), María González Valencia. Entre sus críticas, señala:
La iniciativa “conserva los consejos de cuenca como su mecanismo de participación, espacios que no funcionan y están dominados por los grandes concesionarios, que no representan los intereses de las mayorías […] el paquete de reforma conserva [sic] el Consejo Consultivo del Agua (CCA), que representa los grandes intereses económicos en el sector agua, integrado en su mayoría por empresas del sector energético, minería, embotelladoras, constructoras y empresas que promueven la privatización de los sistemas de agua en el país”.
La participación del CCA “se define como la única organización de la sociedad civil del país, con carácter vinculante dentro de la ley, al cual le corresponde ser consultado por la Conagia. Jalisco es el único estado en el país en donde el Consejo Consultivo del Agua tiene un Capítulo y está integrado por varias de las empresas que acaparan la mayor parte del agua en la entidad”, asegura el documento.
También, el proyecto conserva el esquema establecido en la Ley de Aguas Nacionales “que sentó las bases para leyes estatales que promovieron la privatización de servicios de agua y saneamiento en Quintana Roo, Puebla, Saltillo, Veracruz, entre otros, con resultados desastrosos […] representando riesgos para la gestión pública del agua y el control de la iniciativa privada de los organismo operadores como el SIAPA en Jalisco”.
Otro aspecto cuestionado de la iniciativa presidencial es que conserva “el capítulo de Inversión Privada y Social en Obras Hidráulicas Federales que promueve la participación de inversiones privadas bajo condiciones de opacidad que han contravenido el interés público y han sido prácticamente imposibles de revertir, aún frente al incumplimiento de las empresa concesionaria, dando lugar a megaproyectos como la presa El Zapotillo y nuevos megaproyectos como el Acueducto Chapala-Guadalajara y el Acueducto Presa Solís, que actualmente amenazan el Lago de Chapala”.
En el paquete de reforma “solo se hace referencia al Derecho Humano al Agua una vez, en la definición del Programa Nacional Hídrico. La Ley General de Aguas de la Conagua propone una estrategia en seis etapas de diez años para lograr el derecho humano al agua en 60 años […] la Ley de Aguas Nacionales sigue determinando quiénes tienen derecho a las aguas nacionales”. La Ley General de Aguas “es enunciativa de una serie de principios y mantiene el paradigma del cumplimiento del derecho al agua limitándose a la provisión de agua potable y saneamiento, sin priorizar el derecho humano al agua en asignaciones y concesiones”.
También reconoce “de manera enunciativa el papel realizado por los sistemas comunitarios de agua y los sistemas administrados por pueblos originarios, pero no ofrece ningún mecanismo para contar con los volúmenes de agua requeridos, les mantiene la tarifa industrial y no la de uso público urbano, les subordina y limita al control de los municipios como entidades paramunicipales”.
Tampoco les da “pleno derecho a asignaciones o concesiones al agua y a su personalidad jurídica, a diferencia de los organismos operadores, los municipios o los estados que después la entregan en bloque a las empresas inmobiliarias, como sucede en Jalisco. En México existen más de 28 mil Sistemas Comunitarios que demandan el reconocimiento de sus derechos y la gestión comunitaria del agua”.
La crítica añade que “se mantendrá el sobre concesionamiento, el acaparamiento y el mercadeo del agua, a través de una nueva figura llamada ‘la reasignación’, un ‘derecho’ del concesionario [es] la compra y venta de concesiones en cuencas y acuíferos deficitarios […] sin priorizar el derecho humano al agua y sin transparencia”.
Por otro lado, se crea un Fondo de Reservas de Agua que reemplazará los Bancos del Agua, “y servirá como el espacio para conectar a los intereses que buscan comprar derechos con los potenciales
vendedores, principalmente ejidos y comunidades. “La ‘cuota de garantía’ es un gran negocio de los bufetes gestores del agua, con grandes oportunidades de corrupción; permite que el concesionario conserva sus volúmenes concesionados sin usarlas durante dos años. La reforma propone extender este periodo a seis años” en su artículo 29 bis 3. También aseguran que se mantiene la permisividad para contaminar.
Los colectivos demandan abrogar la Ley de Aguas Nacionales y “regular el marco normativo del agua en México a través de una nueva Ley General de Aguas, que sea ciudadana y ponga fin a la privatización, el sobre concesionamiento, el acaparamiento, el despojo y la contaminación, asegurando una gestión del agua ampliamente participativa en cada región y localidad”.
Acompañan al Imdec organización como Agua para todos, Contraloría Nacional Autónoma del Agua, Frente de Pueblos de la Ribera de Chapala y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, entre otras.
